La huida de nueve prisioneros que estaban a cargo del Servicio Penitenciario en una situación por demás de confusa generó una fuerte preocupación en el gobierno provincial. El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, tuvo que hacerse presente en el lugar y ponerse al frente de la recaptura para amortiguar las críticas a su gestión, en medio de la campaña electoral.

Las primeras informaciones no oficiales daban cuenta de una emboscada al vehículo donde iban los reclusos la cual habría obligado a su detención y a partir de allí, con un enfrentamiento con los custodios mediante, se habrían fugado nueve de los 13 cautivos dejando un oficial con heridas de bala.

Según esta presunción, los presos se escaparon llevándose las armas de los uniformados y robando un Fiat 147 a un vecino que circulaba por la autopista además de una Suran que habría servido de apoyo de los delincuentes.

Sin embargo, con el paso de las horas, la versión de la emboscada fue perdiendo fuerza según informaron a LPO fuentes de fiscalía al tanto de la investigación y las sospechas recaen sobre los diez agentes del servicio penitenciario a cargo del traslado.

Según las primeras pericias, "no se hallaron pruebas de una emboscada ni se encontró material balístico que abonase esa posibilidad. Si bien no se descarta, esa no sería la mecánica de lo ocurrido que se está investigando" afirmaron desde el Ministerio Público de la Acusación a este portal.

Ahora, la línea principal de investigación está orientada hacia el personal que acompañaba a los reclusos en el traslado donde se busca averiguar si hubo alguna ayuda de parte de ellos o si se actuó con negligencia.

En ese sentido, el fiscal de fragancia Marcelo Maximino, quien entendió en la causa en las primeras horas, secuestró los celulares del personal de custodia y las esposas con las que tendrían que haber estado asegurados los prisioneros, además de solicitar al Servicio Penitenciario los protocolos de traslados. Además de saber si tenía que haber un patrullero de apoyo.

Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad, negaron a La Política Online que los evadidos tuviesen relación con bandas narcos de la zona, lo cual podría darle mayor credibilidad a un posible operativo de rescate.

De los trece, la mayoría están detenidos por robos calificados salvo tres que estaban purgando penas altas por homicidios. De hecho, uno de los evadidos fue el autor del asesinato de un conocido comerciante en Granadero Baigorria, Edgardo Giménez.

Su hermana, Gabriela, se presentó en la sede de la gobernación para pedirle explicaciones a Pullaro por el escape del asesino de su hermano con una mezcla de bronca y preocupación por el resto de su familia.

La otra hipótesis que cobró fuerza pero luego se descartó fue la posibilidad de un amotinamiento interno dentro de la unidad y que los presos por sus propios medios hayan podido controlar a la custodia, sacarse las esposas, abrir el colectivo y huir con las armas.

"Sería una fuga nivel Marvel. Es muy poco probable que haya ocurrido eso. Sería directamente escupir el sistema" ironizó una fuente judicial.

Sin embargo, desde la cartera que coordina Pullaro, aprovecharon para criticar el sistema de "Acercamiento Familiar", por el cual, el Servicio Penitenciario está obligado a trasladar a Rosario a los presos cuyos familiares no pueden viajar hasta la cárcel donde están alojados.

"Por esa resolución judicial, hay cinco mil traslados al mes. Detenidos que a lo mejor están cumpliendo condenas en un régimen de alta seguridad se los tiene que trasladar hasta el centro de Rosario a una cárcel de baja seguridad para que se reúnan con los familiares" se quejaron en el ejecutivo.